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Una breve reseña de Redacción Canal Abierto sobre el continúo desmonte que vive la tan llamada Salta La Linda.

Redacción Canal Abierto | En 20 años se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en el país (2,8 millones entre 2008 y 2018, pese a la vigencia de la Ley de Protección de Bosques Nativos n° 26.331), según un informe de Greenpeace Argentina.

De ese total, el 87% corresponde al Parque Chaqueño, una región que incluye a varias provincias, entre ellas Salta. En el caso de “la linda”, entre 1998 y 2017 fueron deforestadas 176.653 hectáreas de bosques protegidos, aproximadamente 30 veces su ciudad capital.

Si bien estas cifras resultan alarmantes y generaron múltiples reclamos de pobladores y organizaciones ambientales, la situación podría empeorar en los próximos meses. Es que en los últimos días, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta realizó audiencias públicas no vinculantes para tratar un pedido de la firma Quebracho Colorado SA para desmontar un total de 5.794 hectáreas en el departamento de Orán.

Lo más llamativo es que la gobernación considera ahora la posibilidad de habilitar el desmonte de una zona que las propias autoridades habían catalogado dentro del plan de conservación de la reserva de flora y fauna Los Palmares.

“Para las audiencias, la provincia suele elegir lugares y fechas que vuelven difícil la participación de la ciudadanía, sobre todo con las restricciones que impuso la pandemia. Por otro lado, al no ser vinculantes, terminan siendo útiles a la convalidación y legitimación de los desmontes que le siguen”, explicó en diálogo con Canal Abierto la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz. “La actitud del Ejectivo es totalmente contradictoria: si bien plantea formalmente la necesidad de conservar estos bosques nativos, no tiene problemas en autorizar su desmonte”.

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Como suele suceder con cada uno de los emprendimientos extractivistas de nuestro país, las autoridades esgrimen argumentos económicos para su aprobación y desarrollo. Pero lo cierto es que la actividad detrás de estos desmontes generan exiguos recursos fiscales y unos pocos puestos de trabajo que – una vez instalado el proyecto ganadero- se reducen significativamente.

“Desde el aire o en las imágenes satelitales, la zona puede parecer deshabitada pero esto no es así: hay muchas familias que habitan el monte y viven de la ganadería, así como también comunidades indígenas (wichí) en los territorios linderos”, detalló el doctor en Ciencias Ambientales Andrés Leake, de la Fundación Refugio.

“Se trata de uno de los últimos macizos de quebracho colorado de la región chaqueña, que aún persisten”, advirtió Cruz. “Y al estar comprendida esa zona en el corredor de Yaguareté y Chaco- Yungas, no debería autorizarse el desmonte”.

En 2016, el gobierno de Mauricio Macri puso en circulación un billete de 500 pesos con la imagen del yaguareté. La iniciativa formaba parte -según el Banco Central- de una estrategia de concientización frente “al riesgo de extinción que existe sobre la especie”. Se estima que pueden encontrarse solo 250 ejemplares en nuestro país, principalmente en el noreste, en la selva misionera y algunos sectores del Chaco, Santiago del Estero y Formosa, aunque también pueden hallarse en las yungas de Salta y Jujuy.

Así planteado, pareciera que el potencial exterminio del felino americano no es mas que un hecho casual, fruto de la selección natural. Sin embargo, no hay nada mas alejado de la realidad.

En el informe “El sacrificio de los bosques del Gran Chaco”, Greenpeace explica por qué la segunda región forestal de Latinoamérica está en peligro producto del avance indiscriminado de la ganadería intensiva y la soja transgénica, y de qué manera esto repercute en alrededor de 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles, 100 anfibios y más de 4 millones de personas (cerca del 8% son de publos originarios), quienes –al igual que el yaguareté- dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.

En diálogo con Canal Abierto, Leake apuntó contra la negligencia y connivencia estatal detrás de estas acciones que arrasan con los bosques nativos: “hoy por hoy, Argentina está involucrada en los esfuerzos internacionales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y uno de los puntos altamente recomendados a nivel global es establecer políticas de desmonte cero. Esto no se está teniendo en cuenta en casos como estos”.

Conciencia ambiental vs. negociados inconscientes

Este año, los incendios forestales aumentaron un 13% en todo el mundo. En septiembre de 2020, el segundo país en el mundo más afectado por los incendios forestales fue Argentina. Los hubo en once provincias, aunque los focos principales fueron Córdoba y el Delta del Paraná. El 90% estuvieron asociados a incendios intencionales o fuegos mal apagados.

Contra todo pronóstico, la población no resultó indiferente a estos números. En una encuesta reciente, realizada por la consultora Poliarquía y la ONG Periodistas x el Planeta, el 92% de los argentinos y argentinas consideró que los bosques son “muy importantes” para el país, el 77% sabe que existe una ley que los protege.

En el mismo sentido, un 74% considera que el gobierno nacional debería prohibir por completo la desforestación, y el 77% que los incendios forestales deberían ser “una prioridad” gubernamental.

En línea con esa idea, hace menos de un mes el Senado aprobó la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, que prohíbe desarrollos inmobiliarios y cambio de prácticas agropecuarias para garantizar la recuperación del suelo.

Las inmobiliarias rurales y la Mesa de Enlace que nuclea a los principales referentes de la oligarquía terrateniente no tardaron en salir a criticarla.

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